El Servicio Postal Universal (SPU), conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios (de modo que todos los ciudadanos tengan garantizado el derecho de acceso a los servicios postales) incluye las actividades, entre otras, de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos nacionales e internacionales, con fechas y plazos determinados por ley.
En virtud de la Ley Postal vigente (Ley 43/2010, del 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal) el Estado encomendó a Correos la prestación del SPU por un periodo de 15 años (hasta 2025, inclusive).
Para llevar a cabo este servicio Correos recibe una cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado.
Uno de los puntos claves en la estrategia es conseguir una financiación suficiente y estable para el SPU.
La Comisión Europea revisa en la actualidad el método de cálculo del coste neto del SPU propuesta por el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, que forma parte del Plan de Prestación de Servicio Postales.